Un verso popular anónimo que oí de mis padres desde pequeña me vino a memoria cuando escribí este título “…hay una tierra rica en malaura, donde el maíz nace cargaó, vámonos pá llá. Y a la negra Bautista le dieron una sortija, con su piedrita, vámonos pá llá… Al final una pregunta ¿Y DÓNDE QUEDA ESA TIERRA NEGRO MOJINO QUE ME TIENES LA BOCA AGUÁ? Esa tierra yo la sabía, pero perdí los libros de geografía y negro que nace negro, negro se va, y estas son puras habladurías, pá conversá…”

No quiero que el concepto del Estado Ciudadano se entienda como puras habladurías pá conversá. No lo son. Este concepto responde a un desarrollo intelectual que hemos puesto en escena a través de estos artículos, cuya recopilación y ampliación será un libro. Mediante el cual hemos podido comprender que la democracia en expresión de sus valores de libertad e igualdad forma parte de la cultura política del venezolano, pero que la participación, inclusión y el reconocimiento es tarea pendiente.

 
Aunque, la crisis política, económica y social generada en Venezuela en estos últimos años ha hecho crecer un sentimiento social hacia la participación pública, ya que se ha entendido que a los gobernantes no se les puede dejar solos, todavía falta.

 
Con este nivel de conciencia comienza la sociedad venezolana armonizar con las corrientes sociales de otras latitudes cuando hablamos de gobernanza, gobiernos abiertos, administración deliberativa… Para que en definitiva gobiernen los hombres, en expresión de Foucault.

Cuyo ejercicio efectivo en el cotidiano se traduce en el quehacer de los hombres y mujeres al no sólo buscar su superación individual sino también la colectiva, en el surgimiento de un ser vigilante de lo que es de todos. Al participar, opinar, proponer…y articular con el resto de ciudadanos las acciones que los beneficien, capital social dijera mí amigo José María Rodríguez, que tanto se ha dedicado a ese tema.

 
Por ello hemos diseñado un esquema que cohesiona a la sociedad venezolana. En definitiva, la gente quiere organizarse, pero no para que un partido político se fortalezca, sino, para ellos mismos. Una real participación con reglas claras, en orden, que sientan que se expresan y que su opinión cuenta.

 
Consideramos que, si la sociedad tiene verdaderos y respetuosos espacios para la participación y la deliberación, lo hacen. Lo hacen, porque han entendido que pese a la diversidad de tendencias hay cosas en común donde se pueden generar consensos. Para ello, es importante consolidar el valor del reconocimiento, en el sentido hegeliano de la unidad, el yo es el nosotros y el nosotros el yo.

 
Con ello, se conforma una comunidad política, en términos de Locke y Habermas, en la búsqueda de objetivos comunes en libertad y sin presión partidista.

Porque en definitiva la gente sabe lo que quiere y cómo lo quiere, lo que necesita es apoyo y herramientas que debe suministrar el Estado. La sociedad es mayor de edad para decidir sobre su destino y asumir el reto de participar en colectivo, para el logro de objetivos comunes.

 
Pero, no puede sola necesita al Estado. A ese manto protector que establece el orden social, como elemento de la vida humana, espontánea, natural y cambiante, que se materializa a través de las instituciones. Es el poder político colocado en función de la realidad social en beneficio de la gente.

 
Un Estado educador como lo plantearon Rusell y Cartay. Desde las escuelas para que los valores democráticos los transformen en un ejercicio ético, para la participación, solidaridad y en colectivo.

 
Es indispensable trabajar en dos espacios: el privado que se debe atesorar y el colectivo que no se debe olvidar, para, incluso, ser mejores seres humanos.

Entonces, un Estado Ciudadano es necesario para que la sociedad tenga expresión. Con ello, nutre institucionalmente… al régimen político, al sistema y al gobierno.

Institucionalizar la sociedad esa es la tarea de un Estado que se apellide Ciudadano. Que para hacerlo en Venezuela pasa por reformar el poder ciudadano programado en la constitución del 99, conformado por la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y la Contraloría, para que sea dirigido por un cuerpo colegiado, con autoridades designadas en elecciones de primer grado, con autonomía y presupuesto propio, de obligatoria consulta en los procesos legislativos, que oriente la educación en las escuelas, liceos y universidades.

 
Un poder público que se dedique hacer el estudio de los cambios sociales, hacer evaluación de las políticas públicas, estadísticas y censos.

Un poder público que implemente las herramientas de la participación: asambleas ciudadanas y cabildos abiertos, consultas legislativas y populares, propuestas legislativas, convenios de cogestión y autogestión, para que sus decisiones sean verdaderamente vinculantes.

 
Un poder público con capacidad a nivel nacional de recoger el sentimiento social, sin exclusión, con respeto por las diversas opiniones e ideas y donde lo que se ejecute sea lo que la gente quiere y técnicamente sea posible.