Las llamadas neuronas de espejo son aquellas con las que estamos equipados para desarrollar un especial y selecto nivel de nuestra naturaleza. Dentro un complejo sistema, ellas se ponen en funcionamiento cuando por reflejo percibimos que alguien realiza el mismo movimiento, lo cual impulsa un entramado emotivo de naturaleza inconsciente que nos pone “en el molde del otro”, no de forma abstracta, sino sintiendo como él. Estamos frente a la expresión empática del ser.

He incurrido en una osadía al incursionar en terreno de una disciplina desconocida solo con los instrumentos de la conjunción empírica, así que pido disculpas a los celosos guardianes de la epistemología. Ello ha sido a conciencia porque tal “incordio” me sirve como premisa para visualizar una temática que en días muy recientes ha tomado notoriedad. Me refiero a las degradaciones conductuales en las cuales incurre el ser humano al acceder al Poder y como ellas no son sino producto de su precariedad como sujeto viviente que habita y medra en una tragedia circular.

 
Es deperogrullo decir que la temática audiovisual y en especial el cine, han sido formas de influencia definitiva para la transmisión de moldes culturales. Hoy por hoy, la sociedad teje su interacción através del espectáculo, y cuando aludimos tan avasalladora noción estamos significando films, documentales y reportajes que cincelan nuestra sensibilidad para acercarnos a la realidad humana, y luego, dentro de ese magma absorbente, colocarnos en un solo plano perceptivo de espacio y tiempo, de imagen y palabra, de realidad y ficción, de conocimientos y sentimientos.

 
Como fanático del cine que soy, hace bastante tiempo “perseguía” la cinta ARGENTINA 85, siendo infructuosos tales intentos en razón a ese atiborramiento de pésima factura y calidad que plena los catálogos del streaming. Tal insistencia se debía a que en mis andanzas como curioso de la historia, por distintos medios bibliográficos y periodísticos ya me había documentado ampliamente sobre la coyuntura vivida en Argentina después del golpe de 1976 y conocía detalles importantes del ambiente que vivió ese país luego de la dictadura criminal de los milicos. Ello me facilitó acceder a informaciones muy variadas sobre la valiente e histórica decisión del Presidente Raúl Alfonsín en cuanto a enjuiciar los miembros de las Juntas de Gobierno, pero aún así, la recomendación de amigos “historiófilos” era que todo ese material debía culminar en una degustación de la excelente producción de Axel Kuschevatsky, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín.

 
Ahora bien, en una parte del párrafo introductorio, manifestábamos que la presente nota se inspiraba en la ocurrencia de hechos muy recientes y, por supuesto, como éstos eran producto de la degeneración vivencial en la cual hoy se asienta el Poder. Hay crónicas y relatos abundantísimos sobre la violación de Derechos Humanos que nos hablan de desapariciones, torturas, secuestros y hasta de reclusiones que se disfrazan usando pintorescas artimañas pseudo legales, pero a mi juicio la perversión con la cual se embistió a la sociedad argentina en aquellos años de miseria humana, alcanzó cotas únicas de inmundicia conductual. Ello, consecuencialmente, permite extraer de ese oscuro pozo de la historia reflexiones que facilitan la comprensión de aconteceres cuyas reseñas están hoy en pleno desarrollo. El caso en cuestión, conocido como Juicio a las Juntas Militares, plantea matices y características que permiten una visión mas integral del contexto en el cual se sumerge una sociedad dirigida bajo los patrones de la bestialidad.

Después de la Guerra Malvinas, en 1982, el gobierno militar que había asumido el poder luego de derrocar a María Estela Martínez de Perón en 1976, quedó debilitado a punto tal que se vio obligado a convocar a elecciones. Las mismas se celebraron el 30 de octubre de 1983, triunfando la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR) encabezada por Raúl Alfonsín. Apenas cinco días después de haber asumido, el recién electo presidente firmó el decreto 158/8 que ordenaba someter a juicio sumario a nueve militares de las tres armas que integraron las Juntas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio LamiDozo y Jorge Anaya.

 
Ese mismo 15 de diciembre de 1983, Alfonsín estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). cuyo objetivo fue investigar las violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, llevadas a cabo las mismas por la dictadura militar. La comisión estuvo conformada por un presidente, el escritor Ernesto Sábato, cinco secretarios y otros doce miembros, quienes durante doscientos ochenta (280) días recorrieron el país buscando testimonios de sobrevivientes, de familiares y también de los represores, respecto a los lugares utilizados como centros de detención. El 20 de septiembre de 1984, Sábato le entregó al presidente Alfonsín el informe que incluía las pruebas y un inventario de los trescientos cuarenta centros clandestinos de detención, de testimonios de sobrevivientes, registros policiales y de las morgues, y de los datos de los procedimientos utilizados para sacar información a los detenidos. Tenía siete mil archivos y más de cincuenta mil páginas, adjuntando además una lista parcial de las personas desaparecidas.

En septiembre de ese mismo año, el Consejo Supremo de las FFAA emitió un informe en el cual hizo constar que, “…según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables”.

Los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, miembros de la Cámara Federal porteña, integraron el tribunal que llevó adelante el juicio contra los jerarcas de las Juntas Militares, mientras que los encargados de desarrollar la acusación fueron los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo.

El juicio se inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. Declararon ochocientos treinta y nueve testigos en unas quinientas horas de audiencias. La primera víctima en dar testimonio fue Adriana Calvo, unas de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Para muchos, el juicio comenzó realmente con su contundente declaración.

 
Los fiscales utilizaron como base probatoria el informe reflejado en el “Nunca Más”. De hecho, estas dos palabras fueron las que utilizó Strassera en el cierre de su alegato. "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más".