Uno de los actos de mayor rapacidad del colonialismo británico, fue el que desapropió a la pobre e indefensa Venezuela de los 159.000 kilómetros cuadrados del territorio Esequibo. Una actitud deliberadamente agresora de la Inglaterra Victoriana que contrastaba con un país consumido por las guerras internas y el caudillismo, facilitaron esa mutilación importante que sufrió el país, y que aún espera por su legítima reivindicación.

La infiltración de colonos británicos en el espacio territorial venezolano, comienza en la década de los años veinte del siglo XIX, desde la denominada Guayana Británica fronteriza. El propio Libertador Simón Bolívar y el Dr. Revenga ministro de Asuntos Exteriores de la Gran Colombia, envían comunicaciones de protesta a las autoridades inglesas por los actos de dominio en territorio nacional.

En 1840 el gobierno venezolano designa una comisión para que junto a la designada por Inglaterra se encarguen de fijar los límites definitivos en el Esequibo. .El jefe de los negociadores es un diplomático probo, experto y eficiente el Dr. Alejo Fortique, quien recibe instrucciones de la cancillería venezolana en cuanto a las aspiraciones nacionales en la zona. Por los británicos lleva la voz cantante el conde Aberdeen secretario del Foreigt Office, pero en el terreno un naturalista prusiano Robert H. Schomburkg se encarga de levantar un mapa que altera las viejas fronteras fijadas entre las potencia coloniales para delimitar sus territorios, con lo que pretende dar fundamento a las pretensiones inglesas.

Gracias a las gestiones que en Londres desarrolla diligentemente el negociador venezolano Alejo Fortique, se van buscando puntos de aproximación que le resguarden a Venezuela sus intereses territoriales fundamentales, fijando como límite el rio esequibo y preservando las bocas del Orinoco vitales para la navegación fluvial y atlántica. Sin embargo, la Corona Británica fija como condición que ese territorio no pueda ser cedido a ningún otro gobierno extranjero. Lo que aparecía como una clausula imperial no era más que lo que preveía la propia Constitución venezolana en materia de no enajenación de nuestro territorio; sin embargo en el Congreso venezolano se producen agrios debates que concluyen en el rechazo a la posibilidad de suscribir un tratado que hubiera obviado el despojo posterior. Fortique desde Londres, conocedor de que lo que ha alcanzado es lo máximo posible frente al Primer Imperio del mundo de entonces, se desespera y escribe al Presidente Soublette con proféticas palabras “… hay un momento en las negociaciones que si se deja pasar, no vuelve a presentarse, “ pero su advertencia cae en saco roto.

La historia posterior, es la del progresivo avance y colonización del territorio esequibo por el Imperio Británico, que nunca más estará dispuesto a negociar condiciones que salvaguarden los intereses venezolanos, mientras el país se debate entre cambios de gobierno, guerras intestinas, calamidades y pobreza, lo que evidentemente contribuye a facilitar la voracidad inglesa.

Venezuela protesta, reclama, cursa notas diplomáticas, pero en el terreno se pierde cada vez mayor territorio. El gobierno venezolano de Guzmán Blanco opta por romper relaciones con el Imperio Ingles pero esta posición de dignidad en nada contribuye a nuestros reclamos territoriales.
La indefensa Venezuela trata de internacionalizar el conflicto informando del asunto a las demás cancillerías del continente, y finalmente reclama la mediación norteamericana, invocando la Doctrina Monroe y considerándose agredida por una potencia extracontinental. El presidente Cleveland, asume su papel mediador, que terminó siendo el de tutor, y solicita de Inglaterra “un arreglo justo y pacifico de la controversia”.

EL ARBITRAJE

Finalmente se firma en Washington el 2 de febrero de 1.897 el Tratado de Arbitraje, para someter a ese mecanismo la solución del asunto, solo que Venezuela como parte fundamental, es excluida del tribunal arbitral y la defensa de sus intereses quedan a cargo de dos jueces de la suprema corte de los Estados Unidos, que junto a un jurista escogido por el rey de Suecia y Noruega, y por supuesto dos jueces británicos, se encargarían de dictar el laudo. La desamparada Venezuela dejaba sus intereses vitales en manos del entonces pujante Imperio Americano.

El Tribunal Arbitral se reunió en Paris, y el 3 de octubre de 1.899 dictô su fallo, en el cual se despojaba a Venezuela de 159.000 kilómetros cuadrados, logrando salvaguardar las bocas del Orinoco. En el momento de emitir su pronunciamiento mutilando el territorio nacional, la precariedad interna de Venezuela, era de tal naturaleza que no existía gobierno, pues el Presidente Ignacio Andrade había abandonado el territorio nacional, escapando de las traiciones y cabriolas que amenazaban con liquidarlo, y Cipriano Castro el audaz andino que al mando de una montonera había iniciado en mayo una aventura sobre el centro del país, convalecía en Valencia de un incidente en la Batalla de Tocuyito, con la cual había sellado el éxito de su empresa bélica.

Los entretelones de un fallo, lesivo en sumo grado a los intereses de Venezuela, vinieron a conocerse en detalles 50 años después, cuando a la muerte del abogado norteamericano Severo Mallet- Prevost- uno de los miembros del equipo que representó los intereses de Venezuela- producida en diciembre de 1948, éste dejó un memorándum, donde reseña la conjura de los dos árbitros ingleses y el presidente del tribunal el ruso Federico de Martens, quienes actuando a favor de los intereses del Imperio Británico amenazaron con despojar a Venezuela de las bocas del Orinoco si la sentencia arbitral no se producía por unanimidad, lo que motivó a los árbitros norteamericanos a ceder para salvar al menos estas desembocaduras que eran vitales a los intereses de Venezuela. Una historia de presiones, chantajes y actuaciones prepotentes que viciaron de nulidad una sentencia infame.

Gracias a los detalles del llamado Memorándum de Mallet-Prevost, pudieron los gobiernos venezolanos a partir de 1950, iniciar acciones diplomáticas a favor de la nulidad y revisión del fallo, lo que finalmente fructificó en el llamado Acuerdo de Ginebra que suscrito entre Venezuela y Gran Bretaña el 17 de febrero de 1966, cuando estaba a punto de concederse la independencia a lo que sería la denominada República Cooperativa de Guyana, y en el mismo las partes se imponen la búsqueda de una solución pacífica a la controversia planteada, reconociendo los derechos de Venezuela a reclamar la nulidad del laudo y a defender sus derechos territoriales en la luego denominada “zona en reclamación “.

Se abría un capitulo aun inconcluso para la reivindicación de los intereses territoriales lesionados por una decisión a todas luces ilegal producto del chantaje, la intimidación y la fuerza. Lamentablemente los gobiernos venezolanos posteriores, no han tenido a pesar de su verborrea patriotera, la suficiente voluntad para impulsar las negociaciones y la búsqueda de los mecanismos que permitan revertir un despojo que afectó parte importante de nuestro territorio; y por el contrario han permitido que nuestros vecinos guyaneses consoliden actos de posesión y dominio que alejan aún más una eventual solución de la controversia.

El reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, declarándose competente para conocer la demanda guyanesa en relación a la intangibilidad del fallo arbitral de 1899, contrariando los principios bajo los cuales se constituyó esa instancia jurisdiccional internacional, y su reiterada doctrina que establece que se trata de un tribunal de jurisdicción voluntaria, donde las partes en disputa deben previamente aceptar su competencia, se constituye en una agresión deliberada a los intereses de Venezuela, reconocidos por el Acuerdo de Ginebra de 1966.

El Protocolo de Puerto España que en 1970 aceptó congelar por 12 años la reclamación y la activación de los mecanismos de solución pacífica de controversias previstos en la Carta de las Naciones Unidas; la poca diligencia de los gobiernos posteriores en la búsqueda de una solución negociada bajo los auspicios del Secretario General de la ONU, y el deliberado desinterés del gobierno Chávez-Maduro, que bajo los consejos del inefable Fidel Castro prefirió ganar los votos del Caricom en la OEA, permitiéndole a Guyana consolidar exploraciones y explotaciones mineras, madereras y petroleras, invadiendo incluso espacios de nuestra fachada atlántica, que sustentar con fuerza y efectividad nuestro legitimo reclamo. Todo ello conspira contra nuestro país y sus reconocidos derechos sobre la denominada Zona en Reclamación.

 
Ahora toca vertebrar una estrategia binacional, que permita revertir en los hechos el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, y devolver las negociaciones a un Diálogo Directo entre la República de Guyana y Venezuela, bajo la mediación del Secretario General de las Naciones Unidas y recurriendo a la metodología prevista en la carta fundacional de esa organización, tal y como quedó expresa y claramente recogido en el Acuerdo de Ginebra.