Los poderes públicos en nuestra propuesta de Estado Ciudadano deben ir en armonía con el conjunto de principios y valores contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta máxima se debe a que en ella se programa una democracia participativa y protagónica.

Ello con la intención de terminar con esa dicotomía histórica entre la legalidad y realidad social y política, tan nombrada tanto por Laureano Vallenilla Lanz, cuando hablaba de las constituciones de papel, como por Brewer Carias cuando hacía referencia al ropaje federal.

 
Porque en efecto, todas las constituciones han hecho referencia a un sistema federal cuando nunca han existido Estados federados. Se pronuncian elaborados discursos sobre la descentralización, pero siempre se espera la decisión de Caracas. Se dice plural, pero son los cercanos al partido de gobierno los incluidos.

 
La mayor contradicción es que el 65% del articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), hace alusión a la participación ciudadana, pero en la práctica ese espacio ha quedado controlado por el partido de gobierno.

 
En lo que respecta al poder judicial vemos cómo en la práctica los ciudadanos no pintan a la hora de designar los jueces. Se habla de un poder público independiente con autonomía funcional y financiera, pero eso no termina siendo así, porque la intervención del ejecutivo en sus decisiones ha quedado al desnudo con los informes de los Derechos Humanos del 2023 de Human Rigts Watch, dice: “el poder judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno… no se han adoptado medidas de justicia genuinas por crímenes perpetrados con el conocimiento o la aquiescencia de las autoridades de alto nivel…” (hrw.org/es/Word-report/2023).

 
Lo más grave es que el 72,2%, de los encuestados por Latinobarómetro en el año 2023: entre muy de acuerdo y de acuerdo, piensan “que el poder judicial debe ser independiente al ejecutivo”. Quiere decir que la gente percibe que no lo es. Esta percepción guarda relación con la designación de los jueces, bien por amiguismo o cuotas de poder, no por mérito, menos por concurso. Por ello, es indispensable transformar el sistema judicial para que los jueces sean elegidos en elecciones de primer grado.

 
En cuanto al Poder Electoral es un ente, que año a año, ha perdido la confianza de la ciudadanía. Lo cual quedó reflejado en la medición de Latinobarómetro, cuando se suma mucha confianza con algo de confianza, tenemos: 2006: 61,4%, 2007: 50,3%, 2010: 49,2%, 2015: 31,2%, 2016: 22,9%, 2017: 32,1%, 2018: 18,2%, 2020: 21,5% y en el 2023: 24.1%.

Urge en consecuencia que este poder público, por una parte, sus miembros, sin afiliación partidista, también, sean designados en elecciones de primer grado y, por la otra, que se implementen mecanismos que garantice que la gente no sólo vote, sino que elija, como son el voto en blanco y la doble vuelta.

 
Mientras que, el poder ejecutivo atienda realmente al sentimiento, necesidades y demandas de esos miles de almas que lo eligieron.
Con ello, abandonar el excesivo presidencialismo, centralismo y el camino del autoritarismo que ha socavado los cimientos de la democracia, no sólo en Venezuela sino en muchos otros países.

 
Por ello, quiero hacer énfasis en la mentalidad autoritaria que ha terminado siendo el mal de este siglo XXI. Gobiernos electos con el voto popular que utilizan esa soberanía y el mandato que se les dio para torcer la democracia y colocar los poderes públicos al servicio de sus intereses. Como dicen Levitsky y Ziblatt en cómo mueren las democracias “…En la actualidad, el retroceso democrático empieza en las urnas (…) La senda electoral hacia la desarticulación es peligrosamente engañosa…”.

El poder legislativo debe implementar verdaderos y sinceros mecanismos de consulta de las iniciativas legislativas, antes de comenzar su discusión. Procesos públicos, abiertos y transparentes que permitan que el ciudadano participe, evitando con ello que sean ordenadas desde arriba para complacer intereses de las élites.

 
Y el más importante para nosotros es el poder ciudadano ¡No! como está programado en la Constitución de la República Bolivariana, artículo 273, en desuso para los ciudadanos.

Poder público que ha quedado para defender los intereses del gobierno. Por ello es indispensable un cambio estructural, principalmente: 1.- que este conformado por un cuerpo colegiado de ciudadanos, sin afiliación partidista, que se postulen individualmente con su suplente, sin planchas, sometidos a elección popular; 2.- totalmente descentralizado desde los caseríos hasta las capitales; 3.- que eduque y forme para la organización ciudadana y la utilización e implementación de herramientas de participación, sin intervención de ningún partido político; 4.- con autonomía financiera y funcional; 5.- que lleve los censos, estadísticas, mediciones y estudios, que permita visualizar los cambios sociales.

 
En un Estado que se apellide Ciudadano todos los poderes públicos deben velar por el funcionamiento del sistema nacional de planificación, desde el consejo federal de gobierno hasta los consejos locales de planificación pública, en el marco del concepto de la DEMOCRACIA INTEGRAL, definida por Mario Bunge, como el imperio conjunto de la democracia: ambiental por el aprovechamiento de los recursos naturales, biológica indiferentes al género y al color, económica con la promoción de pequeñas empresas autogestionadas, cultural igual acceso al patrimonio artístico, política en la libertad para elegir los representantes, jurídica sentada en la igualdad y global en cuanto a la libre determinación de los pueblos.

 
Que, además, abra los espacios para la deliberación donde gobierno y sociedad organizada se encuentren, para discutir y dialogar sobre las demandas y necesidades sociales.

 
Con ello se coloca al sistema político al servicio del ciudadano y no de los intereses de las élites palaciegas, se invierte la pirámide.