El proceso electoral presidencial en Venezuela se desenvuelve en un escenario marcado por la tensión entre Washington y Caracas, las sanciones petroleras y financieras, y el bloqueo de fondos y activos. Este entorno electoral es radicalmente distinto al de elecciones recientes en países como Panamá, República Dominicana o México, que no son blanco de acciones hostiles por parte de potencias extranjeras.

Para comprender el devastador impacto de las sanciones, basta con examinar cómo los leves alivios de las licencias petroleras han generado un efecto positivo en la economía. Sin embargo, el daño provocado por el bloqueo de fondos y activos en el extranjero es menos evidente de inmediato. Los fondos del Banco Central de Venezuela en manos del Tesoro estadounidense, los depósitos en bancos europeos y el oro venezolano en las arcas del Banco de Inglaterra son recursos a los que Venezuela no ha podido acceder ni siquiera en momentos críticos como la pandemia de Covid-19, cuando la mínima sensibilidad humanitaria debería haber motivado su liberación.

CITGO Y EL ORO

En este contexto, Elliott Abrams ha publicado recientemente un artículo instando a la Casa Blanca a retrasar la subasta de Citgo. Por otro lado, el embajador del Reino Unido en Colombia reafirmó en una entrevista la posición de su país de no reconocer al gobierno venezolano, un argumento utilizado por Londres para confiscar las reservas de oro. La refinería Citgo y las reservas de oro en el Banco de Inglaterra son dos ejemplos reveladores de la intervención extranjera que interfiere en las elecciones de Venezuela.

 

DESPOJO

Abrams publicó su artículo en el portal del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en el que sostiene que efectuar la subasta de Citgo en este mes de julio podría ser perjudicial para la oposición venezolana y beneficiar políticamente a Nicolás Maduro. Abrams no se preocupa por el despojo, sino que se inquieta porque esta medida impopular tendría repercusiones negativas entre el electorado, ya que perjudicaría gravemente al país.

Desde 2019, por disposición del gobierno estadounidense, Citgo ha estado bajo el control de los partidos políticos de la Plataforma Unitaria. Ahora, estos partidos se encuentran en una situación comprometida debido a su responsabilidad directa en el entramado de decisiones erradas que han llevado a la situación actual y que podrían resultar en el despojo del país de uno de sus bienes más valiosos.

 

SUBASTA

La subasta, que es considerada “extraordinaria” y “rara”, está programada para el 15 de julio, justo antes de las elecciones del 28 de julio. En vista de esta coincidencia, Elliott Abrams sugiere que la Casa Blanca retrase la audiencia unas semanas, con el fin de evitar posibles repercusiones electorales desfavorables para los sectores de oposición que controlan Citgo.

Abrams señala que la administración Biden tiene la capacidad de retrasar esta subasta. Una simple carta del Secretario de Estado instando a un breve aplazamiento podría ser suficiente para evitar que esta subasta ponga en evidencia a la oposición en pleno proceso electoral.

La venta final de Citgo requerirá la aprobación de la administración Biden, en forma de una licencia de la OFAC. A pesar de los intereses económicos que han influenciado sus decisiones, el juez del caso, Leonard Stark, podría aceptar una modificación de la fecha de la subasta.

COMEDIA DEL ABSURDO

Para despojar a Venezuela de su propiedad sobre Citgo, se ha recurrido a una táctica conocida como ‘lawfare’, un método frecuentemente empleado en conflictos políticos para legitimar acciones que persiguen objetivos diferentes a los declarados. Lawfare, según el diccionario de Oxford, se define como "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo".

La trama judicial contra Citgo ha alcanzado niveles sorprendentes, al usar la designación de un "gobierno interino" como herramienta para impedir que los representantes legales de Pdvsa puedan litigar en el juicio, realizar negociaciones y llegar a acuerdos para el pago de las deudas.

 
Por otro lado, el caso del despojo del oro venezolano en Londres se encuentra en los tribunales debido a la negativa del gobierno británico a reconocer al gobierno venezolano. Esto ocurre a pesar de que sus diplomáticos se encuentran en Venezuela, precisamente autorizados por el mismo gobierno que se niegan a reconocer. Una situación que roza los límites de una comedia del absurdo.