La guerra cognitiva que se impone en el mundo tiene entre sus objetivos deslegitimar a mandatarios con el uso indiscriminado de la apelación a la justicia internacional como recurso mediático. La incursión de Rusia en Ucrania en 2002, antes que cobrara forma el conflicto bélico, la Corte Internacional de Justicia ordenó la detención de Vladimir Putin, mientras que a un año del ataque de Hamás a Israel y el ya largo y sangriento enfrentamiento del ejército israelí con los grupos palestinos de Gaza y ahora el Líbano, las condenas de las instancias judiciales a las masacres y bombardeos a poblaciones civiles no trascienden al tímido plano declarativo.

 
Al mismo tiempo el tema de la defensa de los derechos humanos, más aún con la proliferación de organizaciones no gubernamentales, que en verdad cumplen un papel partidista, renuncian a su verdadero objetivo y se inscriben en la refriega tradicional de gobierno y oposición.

En los últimos días, la solicitud de aprehensión de Nicolás Maduro por el gobierno de Javier Milei; y de éste por la justicia venezolana, se añaden a un clima de alta tensión política en la región, entre otros factores estimulados por el gobierno a contracorriente con inmediatos efectos sociales y económicos para la población argentina; y la reciente reelección de Maduro en Venezuela, con la promesa de profundizar su alianza con los países que desafían la hegemonía estadounidense en la vía del reacomodo geopolítico global.

JUSTICIA ARGENTINA

Esta semana, luego de un fallo de la Corte Federal el juez Sebastián Padilla envió una nota a la oficina local de Interpol en la cual solicita “recabar de forma urgente ”información que permita la identificación de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para incluir dichos datos en las órdenes de detención a emitir por su presunta responsabilidad en la implementación “de un plan sistemático de represión, desaparición forzada de persona, tortura, homicidios y persecución contra disidentes en Venezuela desde 2014”. La causa fue impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER)

Al mismo tiempo la justicia venezolana dictó el lunes 23 de septiembre una orden de detención ”preventiva” contra Javier Milei, que involucra también a la secretaria general Karina Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por los cargos de “robo agravado” y otros seis delitos vinculados con el avión venezolano de Emtrasur-Conviasa retenido en Buenos Aires en 2022 y posteriormente enviado a Estados Unidos en febrero de 2024 para ser destruido. La acción contra Milei también condena la represión continúa contra la protestas de trabajadores y personas de la tercera edad, víctimas de sus políticas de la llamada “motosierra” económica.