Mientras la Sala Electoral del TSJ recibe a los candidatos de la elección del 28-J, la situación política sube de tono
LAS ACTAS DEL CONFLICTO
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Carlos Roque
La decisión de Nicolás Maduro de solicitar un recurso de amparo al Tribunal Supremo de Justicia, para mediante la revisión de las actas de votación, comprobar la legitimidad de su reelección como Presidente de la República, fue claramente una jugada para ganar tiempo ante un clima de grave crispación política, ahora con un peso determinante en el escenario mundial. Ello ha servido para que la instancia conozca opiniones y se ventilen criterios discrepantes en la discreción y majestad de la sala judicial, mientras se conoce el resultado de una revisión del material aportado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el escrutinio del acto comicial, cuya transparencia ha sido cuestionada por la Plataforma Unitaria y su candidato Edmundo González Urrutia, con la presentación también de actas presuntamente adulteradas.
LOS FRAUDES
Son conocidas las denuncias de fraude en las contiendas electorales, las cuales difícilmente son comprobadas y devienen por lo general en golpes de Estado, revueltas y la implantación de gobiernos ilegítimos con soporte castrense. Venezuela registra varios episodios en este sentido, pero lo ocurrido ahora supone una curiosidad histórica con patente nacional.
PODER PARALELO
La dura polarización entre chavismo-madurismo, partidocracia y sociedad civil desde 2002, ha tenido la denuncia de fraude como una constante. Después de lo ocurrido en 2029 con la autoproclamación del opositor Juan Guidó como Presidente de la República impuesta directamente por Donald Trump con apoyo de la Unión Europea y varios gobiernos de la región, las cosas cambiaron. Si bien se trató de una propuesta fallida después de cuatro años, se consagró como mecanismo de posible uso en el futuro.
Ante la cercanía del cambio de gobierno en 2024, el sector opositor que estrenó el modelo de gobierno paralelo y después de renunciar a participar en procesos eleccionarios (2018, 2020, 2021), asumió la experiencia “guaidosiana” para la consulta presidencial. Se denunció fraude sin haber elecciones con el argumento de que ello no es solamente el robo de votos o la alteración de actas; sino la realización de éstas bajo un régimen considerado “ilegitimo” y violador de los derechos humanos, por lo cual sería válido también la existencia de un poder electoral paralelo.
NUEVA CRISIS
De allí que la actual situación del país se inscriba en un escenario inédito. ¿Cómo conciliar resultados de dos polos contrapuestos?. ¿Es posible que un mandatario ya reelecto por el órgano legal dimita por presión de una estructura paralela?. ¿Cuánto aporta la gestión mediadora de otros países cuando no se trata de una confrontación reciente, sino por el contrario de una refriega de décadas que ahora alcanza su más alto nivel de conflictividad con apoyo y solidaridad externa?
GUERRA DIGITAL
Como si fuera poco, en Venezuela se estrena en la región la moderna guerra digital, incluso con la presencia en primera fila de personajes como Elon Musk, mariscal de las redes sociales. De allí que se conozcan millones de ataques cibernéticos y la decisión, que parecía insólita hasta hace poco tiempo, de bloquear legalmente el uso de aplicaciones con miles de millones de seguidores a nivel planetario. Se trata de un conflicto ahora “en pleno desarrollo”.
BIDEN:
BALANCE Y ESTRATEGIA
Leopoldo Puchi
La situación que ha emergido luego de las votaciones del 28 de julio sugiere que la estrategia de la administración Biden en Venezuela ha logrado parcialmente algunos de sus objetivos. En comparación, y considerando los intereses estadounidenses, parece haber superado la política de confrontación de la administración Trump.
A diferencia del enfoque más agresivo promovido por Trump, la administración Biden ha adoptado una estrategia más pragmática. Este enfoque combina una fuerte presión mediante sanciones con una sutil táctica de engatusamiento, que utiliza incentivos y ofertas atractivas para alcanzar sus objetivos. Esta mezcla de fuerza y seducción ha permitido a Estados Unidos recuperar terreno en su conflicto con Venezuela sin depender exclusivamente de métodos directos de confrontación.
Por supuesto, medir el éxito de una estrategia política, especialmente el intento de cambiar un gobierno extranjero, requiere un enfoque que contemple diversos aspectos. No se trata solo de quién está en el poder al final del día, sino de una serie de variables interconectadas que determinan el verdadero impacto de la política seguida.
CONDICIONES
Cuando Joe Biden ascendió a la presidencia, sus equipos de confianza rápidamente determinaron que la estrategia heredada de Trump no había cumplido sus objetivos y que no había condiciones viables para continuar con esas políticas. Los servicios de inteligencia habían concluido que en Venezuela no existían militares disponibles para intentar de nuevo un derrocamiento. Además, las organizaciones partidistas internas estaban fragmentadas y existía un clima de desmoralización a causa de la derrota y de los escándalos de corrupción relacionados con el manejo de fondos y activos en el exterior.
ENGATUSAMIENTO
La administración Biden realizó un cambio calculado en la política de Estados Unidos hacia Venezuela y diseñó una nueva estrategia que el Washington Post ha etiquetado como "estrategia de engatusamiento". Esta política reemplazó la estrategia de confrontación de la era Trump con un esquema más sutil de intervención en la política interna de Venezuela.
La estrategia de Biden se ha centrado en inducir al sector gubernamental a llevar a cabo un proceso electoral con las cartas marcadas por las sanciones. La idea ha sido utilizar ese proceso para provocar una ruptura significativa, ya sea una derrota electoral o una erosión notable de la legitimidad del gobierno actual. En teoría, este enfoque permitiría un "derrocamiento pacífico" que facilitaría la reinserción de Venezuela en la órbita estadounidense.
TERRENO ELECTORAL
Al evaluar las fortalezas y debilidades en el panorama político, los equipos de la Casa Blanca determinaron que la vía electoral era el terreno más favorable para avanzar en sus objetivos. Las sanciones iniciadas durante la administración Trump habían debilitado fuertemente las bases electorales del PSUV y sus aliados, lo que creó una oportunidad estratégica que la Casa Blanca estaba decidida a aprovechar.
Así, Washington enfocó sus esfuerzos en reintegrar a la vía electoral a todos los sectores de oposición que habían formado parte del gobierno interino. Aunque estos grupos se encontraban en una posición de ilegalidad debido a su participación en la estrategia de derrocamiento, se llevaron a cabo intensas negociaciones que finalmente permitieron a Washington alcanzar su objetivo a cambio de algunas promesas que no fueron cumplidas plenamente. Este proceso culminó en los acuerdos de Barbados.
INCENTIVOS
Para alcanzar sus metas, Washington utilizó una fórmula que combinaba alivios parciales de sanciones económicas y el intercambio de prisioneros. Las negociaciones permitieron también a Estados Unidos disminuir la presión migratoria y garantizar el suministro energético mediante una alianza de intereses entre la Casa Blanca y las corporaciones petroleras.
GEOPOLÍTICA
A pesar de que la estrategia de engatusamiento no ha logrado el cambio de gobierno que Washington había previsto, ha alcanzado ciertos objetivos al crear una crisis de legitimidad que antes no existía. Si bien es cierto que es difícil que la estrategia aplicada alcance el objetivo máximo, resulta evidente que ha sido un mecanismo útil para acercar a Estados Unidos a sus metas geopolíticas en el hemisferio y sumar aliados para sus planes de dominio regional.