HOY EXISTE LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA ENÉRGETICA COMÚN
DERECHO AL MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (I)
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Jesús Eduardo Troconis Heredia

Entre los temas medioambientales que más preocupan están el cambio climático, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y las catástrofes producidas por el hombre (accidentes industriales o vertidos petroleros) o las catástrofes naturales. La opinión general afirma que es indispensable protegerlo porque tienen efectos inevitables sobre la vida cotidiana. Por ese motivo la mayoría de la gente valora la necesidad irremisible de proteger el medio ambiente, señalando, a las grandes corporaciones e industrias como los principales contaminantes y, por tanto, con comprometida responsabilidad de hacerlo.

Los europeos, por ejemplo tienen el concepto de que el problema rebasa sus fronteras y que la Unión Europea debería ser una organización internacional de primera fila para la defensa del medio ambiente. Como siempre, el Reino Unido es el único país europeo que disiente y estima que las decisiones en la materia sew tomen se tomen por los gobiernos estatales. La actitud de España respecto del rol que debe jugar la Unión Europea, se resume en cuatro puntos.
a) La financiación de la Unión Europea debería dirigirse más a apoyar actividades favorables al medio ambiente.

b) La Unión Europea debería ayudar a los países que no pertenecen a la organización a mejorar sus estándares medioambientales.

c) Las decisiones para proteger el medio ambiente se deberían tomar de forma conjunta entre el Gobierno y la Unión Europea.

d) Es necesaria una legislación medioambiental Europea para proteger el medio ambiente en España.

La Unión Europea ciertamente ha tomado medidas favorables a la preservación y defensa del medio ambiente que superan los contenidos del famoso Protocolo de Kyoto de 1997 o las disposiciones principales de preservación y defensa del medio ambiente del Tratado de la Carta Europea de la Energía en vigor desde el 16 de abril de 1998 o las normas jurídicas que aluden al medio ambiente, al desarrollo de la eficacia energética y las energías renovables del artículo 194 del capítulo sobre la energía, del Título XXI del Tratado de Lisboa de diciembre de 2007. En efecto, el denominado objetivo 20-20-20 postulado por el Consejo Europeo el mes de marzo de 2007, estableció estas ambiciosas metas:
a) Reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero en un 20% para el año de 2020.
b) Disminuir en un 20% el consumo energético apelando al ahorro y
c) La inserción en la factura petrolera de las energías renovables en un 20% para el año de 2020.

El Medio ambiente y el desarrollo humano están estrechamente unidos. La supervivencia de los seres humanos depende de la preservación y defensa de los ecosistemas, por ser ellos fuentes de bienes indispensables. Desde esta perspectiva, el medio ambiente es considerado como bien público global, lo que requiere la coordinación de acciones a nivel internacional, regional y local, tanto de los organismos internacionales, como de los gobiernos y de los ciudadanos.



PRINCIPIO DE PROTECCIÓN

Aunque la Carta de Naciones Unidas de 1949, no estableció normas jurídicas sobre protección medioambiental. Es durante la Conferencia de Estocolmo de 1972, auspiciada por N.U., que surge la Declaración sobre el Medio Humano, considerada como la idea central del movimiento ecológico mundial y la consagración del principio programático medio ambiental.

La protección y defensa del medio ambiente es una preocupación de todos los habitantes del planeta. Estas acciones deben apoyarse en la convicción indoblegable de que el combate a la contaminación es una responsabilidad de todos. De poco sirve que los europeos se esfuercen para reducir sus emisiones de gases nocivos si otros países aumentan la suyas. Las acciones del hombre se unen a los accidentes de la naturaleza para contribuir a la degradación del medio ambiente. El consumo de los recursos naturales en grandes cantidades, especialmente durante las últimas décadas, el alto consumo de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo.
 
La Agencia Internacional de la Energía (AIE), sostiene que el consumo de energía mundial ascendió considerablemente, el petróleo más de un 32% del consumo, el carbón en torno al 27%, el gas natural por encima del 21%, los biocombustibles y residuos cerca del 10%, la energía nuclear apenas un 6%, y la hidráulica y el resto de las renovables un 4%. Con estos datos se puede apreciar como los combustibles fósiles aportan más de un 80% del suministro mundial en nuestros días. En el informe anual de 2014, la AIE indica que la demanda global de la energía crecerá en un 37% del 2005 al 2040, si bien el crecimiento anual se irá reduciendo por las mejoras en eficiencia y un menor consumo industrial.
 
Datos de particular interés los proporciona el BP Statistical Review of World Energy de 2013, señala que el planeta cuenta con unas reservas probadas de petróleo de casi 1.67 billones de barriles a finales de 2012, un 1% más que el año anterior, y un volumen suficiente para cubrir la demanda de la producción mundial durante 53 años, de mantenerse a ritmos actuales. Sin embargo, el informe reduce muy sustancialmente las reservas mundiales del gas natural, que se quedarían en 187.3 billones de metros cúbicos, un 10% por debajo de los niveles del año precedente, lo cual significa que tendríamos una producción segura durante los próximos sesenta años. De esta manera, la explotación irracional, sin control de los recursos naturales es un grave problema que debemos sin tardanza resolver, se trata de una tremenda amenaza porque nunca antes en el planeta se habían producidos alteraciones de magnitud semejante por el hecho del hombre. Surge así, la noción del desarrollo sustentable, recogida magistralmente en el bien conocido Our Common Future Report.

NORMAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Las normas relativas al Medio ambiente han sido objeto de una vertiginosa formulación de tratados, compromisos o códigos de conducta dictados por las Organizaciones Internacionales, recomendaciones, códigos de uso cuyos contenidos no son de carácter imperativo u obligatorio cumplimiento (soft low).

Es prolífica la creación de instrumentos internacionales, están en vigor un gran número de tratados bilaterales y multilaterales relativos exclusiva o parcialmente sobre la materia, y la armonización entre acuerdos que muchas veces se solapan constituye una actividad que ha alcanzado gran relevancia, como ha señalado el profesor Jorge Zavala Salgado. De ese complejo y extenso conjunto normativo que constituye un verdadero sistema convencional, destacaremos aquellos pactos alusivos a la lucha contra el cambio climático.

La Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro en el año de 1992, antes comentada, corrobora y relieva el principio global de protección del medio ambiente y pone en vigor la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Encima de la mesa la discusión del cambio climático, son innúmeras las discusiones y opiniones vertidas que se han suscitado, desde el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, de reconocida cualidad científica, cuyos informes sobre el calentamiento global confirman su origen antropogénico, como las críticas de Greenpeace, partidos políticos y personalidades públicas, entre ellas, el ex vicepresidente norteamericano, Al Gore, en su libro An Inconvenient Truth de 2006.



La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático de 1992, encuentra su mejor desarrollo en el Protocolo de Kyoto.

El célebre Protocolo se construye sobre el pilar de la “responsabilidad diferenciada”. Mientras las grandes naciones industrializadas o los países de mayor desarrollo reconocen que su actividad ha ocasionado la acumulación de gases de efecto invernadero y se comprometen a reducir las emisiones, los países de menor desarrollo quedan exentos de tal obligación.

Aunque firmado en 1997, sólo entró en vigor en febrero de 2005, habiéndose logrado la ratificación de los Estados representantes del 55 por ciento de las emisiones globales. Sus disposiciones indican que 37 de los países signatarios asumían el deber de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5 por ciento con relación a las emitidas en 1990 durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012.
 
En la Conferencia Doha de 2012, fueron revisados dichos porcentajes imponiéndose nuevos compromisos para los Estados y una reducción mayor de las emisiones para un nuevo periodo que alcanzaba el año 2020.

El Protocolo ha tenido una aplicación parcial y en su recorrido disidencias importantes, como son las de Canadá, Rusia o Japón. Igualmente, Estados Unidos persiste en su actitud de rechazo al régimen, lo mismo, que China e India no están obligados a una reducción de las emisiones alegando que semejante medida es incompatible con sus programas de desarrollo.

En suma, el Protocolo es útil a los fines de advertir el peligro que se cierne sobre el planeta pero su falta de fuerza imperativa y la franca contradicción entre los Estados signatarios lo convierte en una proclama de imposible aplicación.



EL ACUERDO DE PARÍS

Las conversaciones previas entre más de 150 Presidentes y Jefes de Estado para cerrar el primer acuerdo global contra el cambio climático, ocurren en París, durante los últimos días del mes de noviembre, en el cielo parisino planean las amenazas de haber sido el año 2015 el más cálido desde que existen registros y, paralelamente, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera también están en niveles históricos. La ciencia relaciona estos dos hechos y los gobiernos han aceptado esa vinculación. Pese a las alertas, hay que decirlo, el ser humano ha seguido aumentando las emisiones a través de la generación de energía, la industria, el transporte y la agricultura en las últimas décadas, Se prevé que en 2020 el volumen de las emisiones mundiales anuales duplique respecto a 1970.

El objetivo es claro, 195 países intentan, el universo entero, reemplazar el Protocolo de Kioto, que desde su firma en 1997 no ha logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia de Kioto, que cubría el 11% de las emisiones (China y EEUU quedaron al margen), en París se busca un pacto que comprometa a todos, mediante la incorporación al texto de normas jurídicas de carácter imperativo creadoras de obligaciones estrictamente vinculantes. Los planes de disminución de las emisiones deben ser suficientes para evitar que la temperatura suba más de dos grados a final de siglo, límite fijado por los científicos como crítico.

ANTECEDENTES, PROPUESTAS Y ACTITUDES POLÍTICAS

Antes del Acuerdo de París, más de veinte reuniones de la ONU se habían celebrado con propósitos semejantes pero sin éxito. Ahora se pretende evitar el 100% de las emisiones, por lo cual es indispensable la adhesión de China y EEUU, las dos principales potencias económicas, mayores emisoras de CO2, Ambos han dado algunos pasos, como presentar sus planes de reducción de emisiones a la ONU. Pero sus compromisos no aparecen entre los más ambiciosos.
 
La Unión Europea, que negocia siempre como un bloque, propone una reducción del 40% de sus emisiones en 2030 respecto de 1990. Y con un mensaje constante: se puede crecer económicamente con menos CO2.

Entre 1990 y 2012, las emisiones cayeron en Europa un 18% en términos globales, porque hay excepciones nacionales, es el caso de España, donde en ese mismo periodo crecieron un 22,5%. Pero Europa sólo representa el 10% de las emisiones mundiales. Sin China y EEUU se volverá a fracasar en el objetivo de reducir las emisiones, de manera que en 2100 el incremento de la temperatura no supere los dos grados respecto a los niveles preindustriales.
 
Aunque tras seis años de negociaciones, las dos principales potencias han mostrado voluntad de acuerdo, el problema surge al bajar al detalle. La UE quiere puntos jurídicamente vinculantes, algo que inquieta a EEUU, que no llegó a ratificar el Protocolo de Kyoto por esa obligación legal.
No obstante, la meta de los dos grados y la inclusión de normas jurídicas imperativas, vinculantes o de obligatorio cumplimiento en el acuerdo, no son las únicas que desencadenan polémicas. Hay otras propuestas que resumo así:

Colombia que está en el grupo de países no causantes del cambio climático ha presentado compromisos de mitigación, propone bajar sus emisiones un 20% respecto a 2010 pero podría llegar al 30% si recibiera financiación extra. Este es otro punto de tensión porque hay dudas sobre quién debe poner los 100.000millones de dólares anuales (95.000 millones de euros anuales) que a partir de 2020 debe tener el Fondo Verde.

Acerca de la meta de los dos grados que deberá insertarse en el Acuerdo, existe el problema que los compromisos de mitigación que 180 países han presentado no son suficientes y colocan el planeta en un incremento de al menos 2,7 grados. La UE pretende que, para solucionar esa brecha, cada cinco años se revise al alza. “Ni China ni Estados Unidos admiten la revisión al alza”, afirma Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático.

Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París, apunta las consecuencias de cerrar un acuerdo ambicioso. En su opinión, se lanzará un mensaje a los inversores del sector de la energía, que en este momento están parados.
India y los países que forman la Alianza Bolivariana para las Naciones, liderada por Cuba y Venezuela (ALBA) en la línea dura de la negociación.
India mantuvo, en la última reunión del G-20 en Turquía, una de las posiciones más rígidas. De allí salió el compromiso de poner en vigor en París un acuerdo con “fuerza legal aplicable a todos”.
 
India, responsable del 10% de las emisiones mundiales ha presentado compromisos de mitigación en varias ocasiones. Pero en su plan sostiene que sus esfuerzos estarán condicionados a que le llegue una financiación de 206.000 millones de dólares. Además, recuerda que no es parte del problema del cambio climático, en referencia a que han sido las economías desarrolladas las que han desatado el calentamiento tras décadas de uso de combustibles fósiles. India también está muy interesada en que Occidente se comprometa a transferirle tecnología.

Venezuela, con una economía dependiente de las fuentes de energía y Nicaragua ni siquiera han presentado ante la ONU compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Bolivia si ha mandado a la ONU su programa; sin embargo en el preámbulo lanza una advertencia: repudia “la visión de los imperios y de las transnacionales” plantea una solución al cambio climático desde una visión alternativa a la actual.

CRISIS EN EL ACUERDO DE PARÍS

Apenas a tres meses de su entrada en vigor en abril de 2016, el Presidente norteamericano, Donald Trump, da un giro aislacionista y abandona la lucha contra uno de los desafíos más inquietantes de la humanidad. El jefe del gobierno da rienda suelta a sus creencias más radicales y decide romper con el “debilitante, desventajoso e injusto” Acuerdo de París contra el cambio climático.

Tras haber rechazado el Acuerdo del Pacifico (TPP) e impuesto una política de fuerza con México y Canadá en el Tratado de Libre Comercio, el Presidente norteamericano anuncia la retirada del Acuerdo refrendado por todo el planeta, excepto Nicaragua y Siria.

De nada ha servido la presión de las Naciones Unidas y la Unión Europea ni de gigantes energéticos como Exxon, General Electric o Chevron o la valiosa opinión de la comunidad científica ante su intención de proteger los “intereses nacionales”.

La ruptura es crucial, pero no es una sorpresa. A pesar de que EEUU es el segundo emisor global de gases de efecto invernadero, Trump siempre se ha mostrado reacio al Acuerdo de París. En numerosas ocasiones ha negado que el aumento de las temperaturas se deba a la mano del hombre. Incluso se ha burlado de ello. En su libro programático América Lisiada, admite, con ironía sangrienta, que el cambio climático está causando problemas, “nos hace gastar miles de millones de dólares en desarrollar tecnologías que no necesitamos”.

En su criterio, el pacto se convirtió en un mero acuerdo comercial peligroso para EEUU. Una barrera que impide la libre expansión industrial y que sólo ofrece ventajas competitivas a China e India. Mientras China puede subir sus emisiones, frente a las restricciones que nos hemos impuesto, e India puede doblar su producción de carbón. Este pacto debilita la economía estadounidense, redistribuye nuestra riqueza fuera y no nos permite utilizar todos nuestros recursos energéticos. Esta última frase alude directamente a los postulados centrales de su política energética, convertirse en un país perfectamente abastecido con recursos propios y con capacidades de exportar para 2020. Cuenta para ello con ingentes reservas de petróleo y gas. En Alaska, reservas probadas que rebasan los 10.000 millones de barriles.
 
Los recientes descubrimientos de yacimientos petroleros en Oregón y Dakota, y en pleno desarrollo la técnica del Fracking o fractura hidráulica, altamente contaminante, pero que reactiva la producción de los antiguos y exhaustos pozos petroleros.



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