La ejecución definitiva de la subasta de acciones de CITGO para pagar a acreedores y tenedores de bonos fue fijada para el próximo 15 de julio, aunque algunos especialistas opinan que podría demorar hasta el próximo año. Como se sabe, 18 empresas y acreedores de bonos impagos en Estados Unidos demandan por poco más de 21.000 millones de dólares a Venezuela como compensación por expropiaciones e incumplimientos de sus tenencias. No solo podría retardarse el cierre de la venta de las acciones por la complejidad del proceso legal y del propio sistema judicial estadounidense, sino además porque será necesario conocer la voz del Gobierno Federal sobre el caso.

El riesgo de la pérdida del mayor activo exterior de PDVSA estimado entre los 10.000 y 13.000 millones de dólares, es decir la mitad de los 21.000 millones que reclaman los demandantes entre los cuales están la minera canadiense Crystallex International Corp; Siemens, Conoco Phillips y Exxon Mobil; ha sido epicentro de un largo proceso judicial que ha incluido varias sentencias, - una de la Corte Suprema de Justicia- y que culminaría con la venta de acciones de la compañía para compensar las deudas.

EFECTO GEOPOLÍTICO

La pérdida de CITGO ocurrirá en el marco de la larga crisis política entre Estados Unidos y Venezuela desde 2015 con el Decreto Obama y posteriormente con la ruptura de relaciones y la aplicación por el gobierno de Donald Trump y prolongadas por Joe Biden de más de 900 sanciones y restricciones personales y económicas en especial en materia petrolera con impacto directo en el caso de CITGO. Ello explica que más allá de la situación propiamente judicial el caso se implique en el plano político. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado la situación como un “despojo criminal” que el “país enfrentará en todos los niveles” y atribuyó responsabilidad y castigo para opositores y funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó impuesto y reconocido en 2019 por el gobierno de Washington.

  

De esta manera, la pérdida de CITGO ha merecido protestas de gobiernos insertos en la actual reconfiguración geopolítica. Ernesto Samper expresidente de Colombia y de Unasur calificó el hecho como una “zarpazo criminal”; ALBA-TCP ofreció apoyo a Venezuela, al igual que el gobierno de Irán y el vocero de la Cancilleria china Lin Jian quien declaró categórico: “Instamos a Washington a dejar de intervenir de inmediato y por completo en los asuntos internos de Venezuela.”

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ANÁLISIS
NARRATIVA ENGAÑOSA

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Leopoldo Puchi


Está en marcha la construcción de una narrativa sobre la subasta de la refinería CITGO que intenta presentarla como un hecho aislado, desvinculado de la política de “máxima presión” elaborada por la Casa Blanca durante la administración Trump. En este sentido, destaca el reciente reportaje de El País de España titulado "Venezuela, a un paso de perder Citgo, una catástrofe económica para el país".

El caso CITGO ejemplifica cómo una fachada de legalidad puede ser utilizada para diseñar una narrativa que encubre el verdadero fondo: la apropiación de activos de un país. Esta estrategia busca enmascarar la realidad presentando la subasta de CITGO como un simple e inevitable desenlace de una serie de decisiones económicas y jurídicas erradas.



Por supuesto, ha habido malos manejos y decisiones equivocadas en la gestión económica de Venezuela. Sin embargo, es importante destacar que las deudas y compromisos financieros, aunque se originen en decisiones erróneas, no necesariamente conducen a la pérdida de la propiedad. Es de conocimiento común que las deudas son compromisos renegociables, y es habitual que se encuentren soluciones a través de negociaciones.
No obstante, en el caso de CITGO las negociaciones no han sido posibles, y esto no se debe a razones jurídicas, sino a motivos geopolíticos. La narrativa que se está construyendo intenta ocultar precisamente estas motivaciones detrás de una fachada de inevitabilidad jurídica.

DESPOJO / PÉRDIDA

La versión de los hechos presentada en el reportaje de El País omite el papel activo de Estados Unidos en la apropiación de CITGO. No es casual que se utilice el término “pérdida” en lugar del “despojo”, como si fuera el resultado de simples errores. Despojo implica un abuso de poder, un acto de graves consecuencias que afecta la soberanía, mientras que una pérdida no denota una acción intencional de otra parte ni ocurre de manera forzada. Pero los hechos revelan que con CITGO ha ocurrido algo más complejo y deliberado que una simple “pérdida”.

HOSTILIDADES

En 2019, el entonces presidente Donald Trump, junto a sus asesores del Consejo Nacional de Seguridad, trazó una estrategia que incluía diversas acciones hostiles: desde el desconocimiento oficial del gobierno venezolano hasta amenazas militares directas y un severo bloqueo financiero y petrolero. Pero el asedio no se detuvo ahí. Entre los objetivos de la administración Trump estaba ponerle fin a la propiedad de Venezuela sobre una empresa importante de un sector tan sensible y estratégico como el energético. De esta manera, la dirección de CITGO, una de las refinerías más grandes de Estados Unidos, pasó ese año a manos de personas de confianza de Washington, mientras sus instalaciones eran tomadas sin que Venezuela tuviera los medios para impedirlo.

SUPLANTACIÓN

Para conferir una semblanza de legalidad a la toma de CITGO en 2019, Washington procedió a utilizar un mecanismo equivalente a la suplantación de identidad. Esta acción se ejecutó bajo la figura de un supuesto “gobierno” que nunca existió, ni de manera interina ni de manera permanente, ya que nadie reemplazó en ningún momento al presidente del país en el control del territorio, conducción de la fuerza militar y policial, manejo de servicios públicos, ni en otras funciones. El subterfugio utilizado para impulsar un cambio de gobierno y tomar CITGO fue un acto político fraudulento, que contó con cómplices venezolanos que se enriquecieron a expensas de bienes nacionales.

 

PROHIBIDO LITIGAR

Para facilitar la apropiación con la apariencia de proteger a los acreedores, a Venezuela se le prohibió pagar sus deudas y negociar acuerdos de conciliación. Al mismo tiempo, a los acreedores se les prohibió incluso conversar con representantes venezolanos. No se les ha permitido recibir pagos de PDVSA ni negociar términos de entendimiento. Y, para colmo, lo inimaginable: a Venezuela se le ha prohibido hasta hoy, litigar, defenderse y presentar sus alegatos y pruebas en los tribunales de Estados Unidos.

INOCENTES

La narrativa predominante de la "pérdida" intenta ocultar la maniobra en curso: un acto de despojo deliberado disfrazado de cumplimiento de obligaciones legales. Una operación que ha forzado decisiones judiciales, ha incluido suplantación de identidad y la negación del elemental derecho a la defensa. Es fundamental mirar más allá de las apariencias y comprender que en el frío y duro mundo de la geopolítica no hay actores ni actos inocentes. Y mucho menos cuando se trata de petróleo.