Con frecuencia, los manifestantes de los campus universitarios recurren a la Primera Enmienda para justificar sus tácticas, ya sea que se limiten a mostrar pancartas o que adopten medidas más drásticas, como la instalación de campamentos, la ocupación de edificios o la repetición de consignas que, según sus críticos, podrían considerarse antisemitas.

Pero muchos expertos legales, aunados a abogados y personal administrativo de universidades, creen que algunas de esas afirmaciones sobre la libertad de expresión confunden, tergiversan, ponen a prueba o incluso se burlan de la enmienda, cuya finalidad es proteger a los ciudadanos contra la represión del Estado.

Las interpretaciones y principios que prevalezcan, bien sea en los tribunales o entre las autoridades administrativas encargadas de imponer medidas disciplinarias, serán los que determinarán en gran medida si los manifestantes son castigados por los disturbios en el campus.

Las universidades públicas, como órganos del gobierno, deben someterse a la Primera Enmienda y a la manera en que los tribunales interpreten su decreto de que no habrá ninguna ley que “coarte la libertad de expresión” o “el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente”.

Pero las universidades privadas tienen sus propios estándares en torno a la libertad de expresión y las protestas.

Sin duda, las universidades privadas tienden a aceptar la libertad de expresión más que, por ejemplo, las empresas privadas. Sin embargo, esas políticas y criterios se rigen por principios como la libertad académica y el mercado de ideas, no por el derecho constitucional.

La Universidad de Columbia, centro neurálgico de esta serie de protestas en el campus y escenario de una enorme respuesta policial efectuada el martes por la noche, no prohíbe todos los tipos de expresión. Pero su política actual incluye una serie de normas, como las zonas de manifestación permitidas y el registro previo de las protestas, que según la universidad pretenden garantizar la seguridad al tiempo que prometen que “todos los miembros de la comunidad universitaria conserven su derecho a hablar, estudiar, investigar, enseñar y expresar sus propias opiniones”.

Los juristas han afirmado que, aunque el planteamiento de la universidad puede molestar a estudiantes y miembros del profesorado, e incluso puede restringir la libertad de expresión en el campus, Columbia se enfrenta a un riesgo legal mucho menor que el que podría correr cualquier institución pública.

TIEMPO, LUGAR Y MODO UN ESTÁNDAR FUNDAMENTAL

Las autoridades administrativas académicas, y los tribunales, suelen regirse por los marcos de referencia y la noción de “tiempo, lugar y modo” que está profundamente arraigada en la jurisprudencia vinculada a la libertad de expresión.

Conforme a esa doctrina, a veces los gobiernos pueden regular los detalles logísticos asociados con la libertad de expresión. La doctrina no es un cheque en blanco para que el Estado ejerza su poder sobre la libertad de expresión —por ejemplo, un gobierno debe aplicar las normas sin discriminar un punto de vista—, pero permite algunas restricciones en aras de la seguridad y el orden públicos.

Para los líderes universitarios, la doctrina ofrece un tipo de modelo para las políticas de protesta que pueden sobrevivir al escrutinio legal y resistir las reacciones políticas negativas.

“Siempre hemos pensado que el tiempo, el lugar y el modo —aplicados de manera justa, abierta y completamente neutral— son el mejor mecanismo para permitir la protesta y también para garantizar que no interrumpa la programación y las actividades académicas”, afirmó Nicholas B. Dirks, quien fue rector de la Universidad de California campus Berkeley, institución que tiene uno de los historiales de protesta más célebres en la educación superior.
Pero, según Dirks: “Es más fácil decirlo que hacerlo”.

PRUEBA IMPORTANTE ES LA ‘ACCIÓN ILEGAL INMINENTE’

Poco después de la Primera Guerra Mundial, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una sentencia sobre la Primera Enmienda que incluyó la frase “peligro claro y presente”. Unos 50 años después, el tribunal adoptó un criterio centrado en la “acción ilegal inminente”.

Esa prueba es importante para sopesar si, por ejemplo, la Primera Enmienda protege a los ciudadanos que gritan consignas antisemitas. Si la retórica tiene la intención de provocar una “acción ilegal inminente” y es probable que lo haga, no se considera constitucionalmente válida. Pero una consigna que no cumpla cualquier parte de ese estándar está protegida, lo que significa que es posible que incluso un discurso grotescamente incómodo y desagradable no sea sometido a las medidas disciplinarias del gobierno.

“La parte difícil es cuando la conducta y la expresión están cerca de la línea”, explicó Timothy J. Heaphy, quien fue fiscal de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama y después trabajó como consejero universitario de la Universidad de Virginia.

Algunos comportamientos amenazantes en los campus son ilegales según la ley federal de derechos civiles. Por ejemplo, dos hombres se declararon culpables de utilizar una amenaza de fuerza para intimidar a estudiantes y empleados negros en la Universidad de Misisipi después de colocar una soga alrededor de una estatua de James Meredith, el primer alumno negro que estudió allí, en 2014. Uno de los hombres fue condenado a prisión.

¿LA PRIMERA ENMIENDA AMPARA LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS?

Aunque algunos manifestantes universitarios consideran que sus campamentos son un tipo de expresión, los tribunales han sostenido que las restricciones para acampar durante la noche y acciones similares pueden cumplir con la prueba de tiempo, lugar y modo, incluso en propiedad pública.

Por ejemplo, en un fallo de 1984 con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Suprema determinó que el Servicio de Parques Nacionales podía negar una solicitud de los manifestantes para pasar la noche en “tiendas simbólicas” cerca de la Casa Blanca en virtud de su normativa contra la pernoctación en lugares que no estuvieran clasificados como zonas para acampar.

“La norma es neutra en relación con el mensaje presentado y deja abiertos amplios métodos alternativos para comunicar el mensaje pretendido sobre la difícil situación de las personas sin hogar”, añadió.

Heaphy predijo que un tribunal nunca consideraría una ocupación de un edificio como la de esta semana en Columbia como una actividad protegida por la Primera Enmienda.

¿LAS UNIVERSIDADES PUEDEN CAMBIAR LAS POLÍTICAS?

En general, sí. Pero, en el caso de las universidades públicas, sigue aplicando la Primera Enmienda.

De nuevo, las universidades privadas tienen más discrecionalidad.

En la Universidad de Chicago, el presidente Paul Alivisatos señaló esta semana que, aunque los campamentos violan las normas de la institución, los administrativos “pueden permitir que un campamento permanezca durante un corto tiempo a pesar de las evidentes violaciones de la política”.

Al plantear esa posibilidad, citó “la importancia de los derechos a la libertad de expresión de nuestros estudiantes” y dijo que “el impacto de un campamento modesto no difiere tanto de una concentración o marcha convencional”.

Sin embargo, señaló que la universidad no permitiría que su política fuera desvirtuada e instó a los estudiantes que participaban en el campamento “a que, en su lugar, adopten alguna de las muchas otras herramientas que tienen a su disposición”