La noticia de que Guyana ha exportado más petróleo que Venezuela en febrero pasado, 621 MBD a 604 MBD, es suficiente para prender todas las alertas. Más si hace cuatro años no producía ni un barril y mientras nosotros hemos estado tratando de recuperar, sin mayor éxito, una producción que superaba los 3MMBD y que se ha visto limitada entre 600 y 800 MBD en ese mismo período.

La pregunta que debemos hacernos es ¿Será que le puede pasar a Venezuela con respecto a Guyana lo mismo que le pasó a México con Venezuela en materia petrolera?

La Revolución Mexicana, a principios del Siglo XX, creó un estado de agitación generalizado que ahuyentó a los inversionistas y, muy particularmente, expropió las operaciones petroleras privadas que operaban en ese país. Si bien esos inversionistas hubiesen preferido producir en “el país de al lado” de uno de los mayores consumidores de hidrocarburos, se mudaron a Venezuela. Y así quedó la industria petrolera mexicana, reducida a la mínima expresión y sujeta a un marasmo de intereses creados internamente, condenada a una baja rentabilidad y mucha corrupción.

Hoy, Venezuela puede estar corriendo la misma suerte de ser desplazada por Guyana. Obsérvense tres cosas: Una, importantes países del mundo han apoyado a Guyana en la disputa por el territorio Esequibo: China, EE. UU., México, Brasil, Rusia, Gran Bretaña, los países del CARICOM y hasta la misma Cuba, la que nos chulea el petróleo. Dos, algunos de esos países son inversionistas petroleros en Guyana, a pesar de operar aquí también, o son clientes del petróleo guyanés o ambas cosas. En estos asuntos no hay lealtades sino intereses. Tres, Guyana es, como lo fue Venezuela hace 100 años, un país pobre, cuyos gobiernos necesitan el apoyo de potencias extranjeras y que están dispuestos a ofrecer a los inversionistas petroleros las condiciones más atractivas posibles.

Por el contrario, en Venezuela ni siquiera está planteada la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la cual tiene una de las estructuras de impuestos y regalías más alta del mundo. Esto sin contar con que la inseguridad jurídica de las empresas en el país ha sido una sombra generalizada. De hecho, “Cerro Negro”, una de las principales zonas de la Faja Petrolífera del Orinoco, fue expropiada por el gobierno de Hugo Chávez a la Exxon. Esta empresa es la líder de los inversionistas petroleros en Guyana, la líder en las transgresiones en explotación de hidrocarburos en la Zona en Reclamación y quien paga los abogados de ese país en el litigio limítrofe con Venezuela. Como que “nos la tiene jurada”, y no fue ella la que empezó el pleito.

En Venezuela, llama la atención el escaso avance que hemos tenido en cuanto a la recuperación del volumen de producción petrolera. Esto se explica por tres razones: 1 la ya mencionada inseguridad jurídica y la complicada trama de condiciones y regulaciones que privan sobre los negocios; 2 la situación deficitaria de PDVSA que, desde hace más de 10 años, no le permite invertir lo suficiente para mantener y ahora rescatar pozos existentes o abrir nuevos pozos; y 3 las sanciones, según las cuales pocos extranjeros han invertido en Venezuela en cualquier área de negocio. Las sanciones petroleras limitan nuestras exportaciones petroleras, obligan a pagar fuertes comisiones para exportar por los “caminos verdes” y limitan severamente las operaciones de financiamiento y las transacciones comerciales en divisas en cualquier área de negocio, petrolera o no, públicas o privadas; estas últimas por el llamado “sobrecumplimiento”.

La conexión entre las sanciones y la competencia creciente que presenta Guyana es que mientras más crezca la oferta del país vecino, menos nos necesitarán EE.UU. y Europa como proveedores de petróleo, por lo que menos les interesará flexibilizar las sanciones; menos aún si Venezuela no hace méritos para atraer inversiones, asegurar la seguridad jurídica de los inversionistas en general y ponerse al día en materia de democracia, derechos humanos y elecciones competitivas.

De seguir así, el único consuelo que nos pudiera quedar sería en el largo plazo; el mismo que le quedó a México por la minimización de su industria petrolera: El fracaso de PEMEX no le ha permitido generar sino cerca de un 8% de las divisas del país. Eso no alcanza ni para pagar los sueldos públicos y, mucho menos, para hacer políticas sociales; lo que obligó a los mexicanos a promover la empresa privada, diversificar sus exportaciones y por eso ningún gobierno mexicano se ha podido dar el falso lujo, aparte de hablar pistoladas, de maltratar a sus empresarios ni a sus trabajadores; ni siquiera el de López Obrador. Le hubiera sido más conveniente a México haber desarrollado su petróleo y el resto de la economía con la empresa privada.