Carlos Roque
En 1986, en pleno proceso de la internacionalización petrolera, el cincuenta por ciento de la empresa CITGO fue vendido a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) y que terminó adquiriendo el resto en 1990. Un año después, la empresa por cierto prosiguió con la compra de la mayoría accionaria de las refinerías de Champlin en Corpus Cristi, Texas; Savannah en Georgia, Lyondell-Citgo en Houston, Midwest en Lemoint, Illinois y en 2004 CITGO muda sus oficinas de Tulsa en Oklahoma a Houston en Texas.
Los cambios ocurridos en la petrolera a partir del 2000 que incluyeron el despido de su cúpula gerencial y la realización de un paro de sus operaciones por 63 días, amén de las tensiones políticas del gobierno de Hugo Chávez con las administraciones norteamericanas, debieron reflejarse de alguna manera en los planes de expansión y crecimiento de la empresa. Ya en noviembre del 2007 el gobierno venezolano vendió la refinería de asfalto de Paulsboro (New Jersey) y la refinería de asfalto de Savannah en Georgia; así como una terminal ubicada en Wilmington por la cantidad de $ 450.000.000,00. En octubre del 2010, Hugo Chávez anunció la intención de que PDVSA vendiera la subsidiaria CITGO calificándola de “mal negocio”, citando las bajas ganancias obtenidas desde 2006. El precio mínimo de venta se fijó en 10 mil millones de dólares; sin embargo no se pudo encontrar un comprador a ese precio. En enero del 2015 se confirmó que la empresa no se vendería, si no que se acordó vender bonos para tributar dividendos a PDVSA; sin embargo ese año se vendió la refinería de Chalmette Refining para cubrir compromisos.
El 2016 PDVSA invitó a los tenedores a un canje de la deuda de bonos de la compañía que se vencían el año siguiente. Ya en el clima de la crispación política de 2017, la Fiscalía General de la República, denunció graves hechos de corrupción por altos gerentes de la empresa, designándose nuevos miembros del alto nivel ejecutivo de la compañía.
NUEVO GOBIERNO
El 29 de enero del 2019 a escasos días de su proclamación, el presidente interino Juan Guaidó, toma el control de CITGO y otros activos de Venezuela en el exterior y el 5 de agosto el presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva número 13.884, autorizando sanciones a cualquiera que brinde apoyos al gobierno de Maduro, decretando de esta manera un embargo económico con la orden de que todos los bienes e intereses del gobierno en disputa de Venezuela, que se encuentre en Estados Unidos están automáticamente congelados, una decisión que ha sido prorrogada hasta el presente. Con estos antecedentes y ante la creciente presión de tenedores de bonos y empresas que reclaman el pago de deudas, CITGO ha entrado en la crisis actual cuya solución está en manos de la justicia norteamericana y que de acuerdo a los acontecimientos deberá culminar con la pérdida de la propiedad venezolana de la compañía ya de hecho en poder de las instancias de Estados Unidos.
LA LICITACIÓN
Débiles ofertas en subasta de Citgo ofrecen a Venezuela la oportunidad de proponer un plan de pago alternativo
World Energy Trade
La oferta más alta recibida en una subasta estadounidense de acciones que decidirá el destino de la refinería de petróleo Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, fue de 7.300 millones de dólares, suficiente para cubrir sólo un tercio de las reclamaciones aprobadas por el tribunal, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.
Un tribunal federal de Delaware está subastando las acciones de la matriz de la joya de la corona extranjera de Venezuela, Citgo, con sede en Houston, a la que consideró responsable de los impagos de deuda y las expropiaciones del país sudamericano.
Los acreedores han acudido en masa a la subasta para presentar reclamaciones por un total de 21.300 millones de dólares en un caso iniciado hace casi siete años por la minera Crystallex.
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RESULTADOS DE LA SUBASTA
Sin embargo, los resultados de la primera ronda de ofertas en enero muestran un proceso de venta que probablemente no proporcione un resultado satisfactorio para los acreedores o los actuales propietarios de Citgo.
Las ofertas recibidas hasta ahora en un caso que abrió nuevos caminos legales en materia de inmunidad soberana dejarían muchas reclamaciones sin pagar, advirtieron analistas y fuentes.
Es posible que el tribunal tenga que modificar el proceso de venta o considerar una alternativa que está siendo elaborada por Venezuela, que ofrecería a los acreedores un pago mayor con ingresos repartidos en varios años, al tiempo que conserva parte de la participación de Venezuela en la empresa, dijeron las personas.
El juez Leonard Stark, que supervisa el caso, se ha negado a considerar las propuestas de pago de Venezuela.
No está claro si lo reconsiderará, ya que la oferta más alta en la ronda inicial de ofertas sólo cubre 14 de las 26 demandas que ha aceptado de 18 acreedores.
Las débiles ofertas iniciales estaban por debajo del valor de entre 13.000 y 14.000 millones de dólares que los especialistas designados por el tribunal habían estimado para las acciones.
UNA ALTERNATIVA PARA VENEZUELALa subasta ha suscitado el interés del gigante petrolero Conoco Phillips y de unidades del conglomerado Koch Industries, que han presentado sus demandas contra Venezuela a través de ofertas de crédito por los activos.
Otras ofertas procedían de empresas energéticas e inversores privados que querían adquirir las acciones de PDV Holding para hacerse con el control de la séptima refinería de petróleo de EE.UU. por volumen.
El único activo de PDV Holding es Citgo, propietaria de tres refinerías estadounidenses, terminales de almacenamiento de petróleo y oleoductos, y que controla una red de distribución minorista.
Citgo ha sido muy rentable, con unos beneficios de 4.800 millones de dólares en los dos últimos años.
Las 12 ofertas no vinculantes recibidas en enero, sin embargo, reflejan preocupaciones sobre el valor futuro de las refinerías con intensa huella de carbono y los problemáticos lazos de Citgo con la petrolera estatal venezolana PDVSA, que sigue bajo el control del presidente Nicolás Maduro.
Un abogado que representa a Citgo había calificado la primera ronda de licitación de «decepcionante».
Se espera que el tribunal fije pronto una segunda ronda vinculante, pero las perspectivas de una oferta superior a los 7.300 millones de dólares no vinculantes son escasas. Todo apunta a que los funcionarios del tribunal implicados en el caso tendrán que reunirse con Venezuela y conseguir alternativas que tengan sentido para el caso.
La propuesta venezolana de 10.000 millones de dólares proporcionaría a los acreedores una combinación de efectivo, valores y acciones de Citgo durante un periodo de tres años. En última instancia, permitiría a Venezuela conservar alrededor de la mitad de la propiedad.
IMPLICACIONES POLÍTICASLas entidades venezolanas que supervisan Citgo quieren vincular el plan de pagos a una mayor protección de Estados Unidos para la refinería frente a los acreedores, mientras el gobierno de Maduro se niega a revertir la prohibición a la candidata opositora María Corina Machado de postularse a la presidencia, cerrando lo que los países occidentales veían como un camino hacia la democracia en Venezuela.
La idea incluye sacar las reclamaciones relacionadas con Venezuela del proceso judicial y llevarlas a la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos (FCSC, por sus siglas en inglés), una agencia independiente cuasi judicial dentro del Departamento de Justicia, para atender mejor a todos los acreedores de Venezuela.
Se espera que los defensores del plan discutan la propuesta con funcionarios estadounidenses, entre ellos posiblemente el secretario de Estado Antony Blinken, antes de la expiración el 18 de abril de una licencia estadounidense que relajaba las sanciones al sector energético de Venezuela.
Sin embargo, unificar a la díscola oposición venezolana en torno a una propuesta ha sido engorroso y convencer a Washington podría ser aún más difícil, reconocieron las fuentes.
Algunos políticos y miembros de las juntas supervisoras de Citgo creen que tener a Machado de acuerdo daría a la empresa más posibilidades de conseguir el apoyo de EE UU.
El plan también requeriría que el Departamento del Tesoro de EE.UU., que el año pasado dio luz verde a la subasta, estuviera de acuerdo con la oferta, y el tribunal de Delaware podría verse obligado a detener o congelar un proceso de venta por el que luchó duramente.
«Necesitamos un esfuerzo a prueba de balas esta vez», dijo una de las personas detrás de las ideas refiriéndose a conseguir que los principales políticos de la oposición bien conectados con Washington lideren la iniciativa.