Por Maggie Haberman, Ben Protess, Matthew Goldstein, Eric Lipton y Alan Feuer
La demanda por fraude que la fiscala general de Nueva York presentó recientemente contra el expresidente Donald Trump busca recuperar 250 millones de dólares de su empresa y, esencialmente, sacarlo de los negocios en el estado.
El mes que viene, la empresa de Trump irá a juicio en Manhattan por cargos fiscales penales en otro caso que podría costar millones de dólares en sanciones y honorarios legales.
Y en el horizonte se vislumbran demandas civiles de personas que buscan responsabilizar al expresidente por las lesiones y traumas infligidos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero por sus partidarios, una posible ola de litigios que algunos de sus asesores temen que pueda resultar extremadamente costosa para él.
En conjunto, las numerosas investigaciones y demandas que rodean a Trump están creando nuevas e importantes presiones financieras sobre él.
No hay pruebas de que se enfrente a ninguna crisis inmediata. En una entrevista el jueves, Eric Trump, su hijo, dijo que la Organización Trump estaba en una posición fuerte, y señaló que recientemente habían pagado algunas deudas pendientes y tuvieron una ganancia inesperada por la venta del Hotel Internacional Trump en Washington.
Pero cuando se acumulan, los costos potenciales a los que se enfrenta el expresidente muestran que sus retos se extienden más allá de los tribunales y el mantenimiento de su riqueza, aunque sigue señalando que planea volver a postularse a la Casa Blanca.
Como mínimo, las esperanzas de Trump de crear nuevas empresas para ganar dinero se tambalean: el acuerdo que tenía el potencial de cosechar tal vez los mayores beneficios para él —una fusión que involucra a su nueva empresa de redes sociales— pende de un hilo porque el escrutinio de las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley amenaza con impedirlo.
Trump sigue siendo una formidable fuerza política de recaudación de fondos, pero incluso ahí su situación es compleja. En caso de que se convierta en candidato presidencial, podría enfrentarse a nuevas y estrictas restricciones sobre el uso personal del dinero que tiene en su principal comité de acción política y que ha utilizado para honorarios legales, propiedades e incluso para pagarle al diseñador de Melania Trump.
John A. E. Pottow, profesor de derecho mercantil en la Universidad de Michigan, dijo que los casos legales que enfrenta la Organización Trump pueden perjudicar a cualquier corporación.
“Es una empresa que tiene algunos riesgos de litigio graves”, dijo. “Tienen una responsabilidad importante en el horizonte”.
Varios expertos en derecho inmobiliario y comercial dijeron que Trump y su empresa podrían capear el temporal. La Organización Trump generó cientos de millones de dólares con la venta de su hotel en Washington este año, así como con otros acuerdos recientes, y ha refinanciado o pagado una parte considerable de sus préstamos.
La empresa también sigue obteniendo ingresos de algunos de sus proyectos inmobiliarios comerciales, mientras que muchos de los hoteles de Trump se han recuperado de las grandes pérdidas sufridas en los primeros días de la pandemia de coronavirus, según una persona con conocimiento de las ganancias de la empresa.
Sus clubes de golf, muchos de los cuales experimentaron un aumento del negocio durante la pandemia, han comenzado a atraer nuevos torneos en los últimos meses, incluidos los polémicos que son gestionados por la red LIV, respaldada por Arabia Saudita.
Eric Trump dijo que la familia era dueña de la mayoría de sus activos inmobiliarios “libres y limpios” y que tienen “poca deuda en relación con el valor de nuestros activos”. (La demanda presentada por la fiscala general de Nueva York, Letitia James, acusó a Trump y a su familia, incluido Eric Trump, de exagerar deliberada y sistemáticamente el valor de los activos de la empresa).
Taylor Budowich, un portavoz del expresidente, describió las diversas investigaciones como un “gobierno convertido en arma” por los demócratas, cuyos esfuerzos “carecen de credibilidad, carecen de hechos y carecen de legalidad”.
Trump no es ajeno a las escaramuzas legales y a las presiones financieras. A lo largo de los años ha presentado y se ha defendido de decenas de demandas, y a principios de la década de 1990 se enfrentó a la ruina. Sus problemas actuales palidecen en comparación con aquellos desafíos.
Sin embargo, sus crecientes problemas legales amenazan con hacer retroceder algunas de sus recientes ganancias y ensombrecer sus aspiraciones presidenciales.
Al demandar al expresidente y a tres de sus hijos, James pretende impedir que los Trump vuelvan a tener negocios en el estado. También pretende impedir que Trump adquiera bienes inmuebles en Nueva York durante cinco años. Aunque James no llegó a tratar de disolver la Organización Trump, su oficina está tratando de cerrar algunas de sus operaciones en Nueva York.
El caso de James, que acusa a Trump y a su empresa familiar de mentir a prestamistas y aseguradoras al sobrevalorar fraudulentamente sus activos en miles de millones de dólares, no tuvo un impacto inmediato en la empresa.
Podrían pasar años hasta que el caso se desarrolle en los tribunales, e incluso entonces, un juez tendría que conceder los castigos que busca James. Trump también podría intentar resolver el caso antes de un juicio.
De forma más inmediata, el juicio por fraude fiscal de la Organización Trump comenzará en Manhattan el próximo mes. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, en colaboración con la oficina de James, acusó a la empresa de conspirar con su director financiero durante mucho tiempo, Allen H. Weisselberg, para evadir impuestos en un esquema que repartió prebendas fuera de los libros contables a Weisselberg y otros ejecutivos.
Weisselberg se declaró culpable de su papel en la trama, que incluía recibir un apartamento gratuito, Mercedes-Benz alquilados y matrículas de colegios privados para sus nietos. Aunque se negó a delatar a Trump, aceptó testificar en el juicio de la compañía, una medida que podría ayudar a los fiscales a presentar su caso.
Si la empresa es condenada, un juez podría imponer una pena relativamente modesta: menos de dos millones de dólares. Pero también incurrirá en una suma significativa en honorarios legales y podría tener problemas con los prestamistas y las autoridades locales, que podrían rehuir hacer negocios con una empresa condenada por un delito grave. (Se cree que las entidades específicas de la Organización Trump que están bajo acusación no son titulares de ningún préstamo o licencia de alcohol, por lo que las consecuencias podrían ser limitadas).
Al mismo tiempo, Trump se enfrenta a una serie de investigaciones y costos legales relacionados con sus esfuerzos por mantenerse en el cargo después de haber perdido las elecciones de 2020, así como por haberse llevado —y luego negarse a devolver— registros presidenciales y más de 300 documentos individuales marcados como clasificados cuando dejó el cargo. Recientemente, pagó tres millones de dólares de su súper PAC (comité de acción política, por su sigla en inglés) a un abogado que contrató para defenderse en esos casos.
Y, potencialmente, pende sobre Trump una disputa aparentemente no resuelta con el Servicio Interno de Impuestos, aunque su estatus no está claro.
El expresidente también se enfrenta a no menos de siete demandas civiles separadas que intentan hacerlo responsable —y pedirle daños y perjuicios— por el papel que desempeñó en la inspiración del caos y la violencia que estalló en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Personas cercanas a Trump anticipan que es probable que haya otras demandas.
En febrero, un juez federal de Washington dictaminó que tres de las demandas contra Trump podían seguir adelante, desechando sus argumentos de que no se lo podía considerar responsable de los disturbios del 6 de enero en virtud de la Primera Enmienda y porque era inmune a los litigios civiles. En su decisión, el juez Amit P. Mehta dijo que los demandantes podían intentar probar su caso de que Trump había conspirado con la multitud ese día. El expresidente ha apelado la decisión del juez ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Washington.
Alan Z. Rozenshtein, un exfuncionario del Departamento de Justicia que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, dijo que si las demandas del 6 de enero contra Trump tuvieran éxito, el cálculo de la cantidad que podría tener que pagar por daños y perjuicios dependería de las penas individuales sufridas por los demandantes. Entre ellos hay miembros del Congreso, agentes de la Policía del Capitolio y residentes de Washington.
“No creo que una multa como esa —incluso si tuvieran que pagar 250 millones de dólares — haga caer a la compañía”, dijo Phillip A. Braun, profesor de finanzas en la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern, citando la demanda de James. “Sería duro para la familia, pero probablemente podrían hacerlo liquidando algunas de sus propiedades”.
Cuando Trump dejó la Casa Blanca, parecía poco probable que el dinero fuera una preocupación. A pesar de la sombra del 6 de enero, parecía dispuesto a sacar provecho de su atractivo en los círculos mediáticos conservadores, incluso a través de su empresa de redes sociales: la fusión de la empresa matriz de Truth Social, su plataforma de redes sociales similar a Twitter, con una empresa de adquisiciones con fines especiales llamada Digital World Acquisition Corp.
Pero el acuerdo se ha visto obstaculizado por la doble investigación de la Comisión de Bolsa y Valores y la fiscalía federal. El plazo original del 8 de septiembre para completar el acuerdo ha pasado, y Digital World podría enfrentarse a la perspectiva de liquidación en las próximas semanas.
Los promotores de Digital World esperan que los accionistas de la empresa —la mayoría de los cuales son inversores minoristas— acepten darles hasta septiembre del próximo año para completar el acuerdo. Pero incluso con un año más, las perspectivas de que la Comisión de Bolsa y Valores apruebe el acuerdo entre Digital World y Trump Media & Technology Group parecen sombrías.
Los reguladores y los fiscales federales de Manhattan están investigando las comunicaciones potencialmente inapropiadas entre los representantes de Digital World y Trump Media antes de la oferta pública de adquisición de la empresa con fines especiales. También están examinando el comercio inusual de las acciones de Digital World antes del anuncio de la fusión en octubre pasado.
Digital World no solo recaudó casi 300 millones de dólares en efectivo en su oferta pública inicial el pasado septiembre. También consiguió que decenas de fondos de cobertura se comprometieran a proporcionar 1000 millones de dólares adicionales en financiamiento después de que las dos empresas anunciaran la fusión en octubre. Trump, que recibirá más de 70 millones de acciones si se completa la fusión, se puso al teléfono con algunos de los grandes inversores dispuestos a comprometer al menos 50 millones de dólares.
Pero la imposibilidad de completar la fusión a tiempo llevó a la cancelación de ese acuerdo de financiamiento de 1000 millones de dólares. No está claro si Digital World y Trump Media pueden persuadir a esos inversores para que firmen un nuevo acuerdo, dada la incertidumbre legal que rodea a la fusión y a Trump personalmente. Las acciones de Digital World se han desplomado: pasaron de 97 dólares a 17 dólares.
The New York Times