Fue entonces cuando Cristina Villarreal —la hija de Villareal, quien asumió la dirección de la clínica— decidió que necesitaban hacer más que proveer asistencia médica y comenzó a unirse con las activistas feministas que trabajaban para cambiar las condiciones jurídicas en las que trabajaban. “No tiene sentido que sigamos como en dos vertientes distintas”, recuerda que le dijo a las activistas y los médicos. “Ya es el momento”. Poco tiempo después, Cristina Villarreal y otras activistas conformaron La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una coalición cuyo principal objetivo era eliminar la ley que penaliza el aborto. Para Colombia, dijo: “Era totalmente radical y revolucionario”. Pero incorporar el tema en la agenda pública era difícil y no solo porque la poderosa Iglesia católica y la mayoría de la gente se oponían al procedimiento. “Es un país, como tú sabes, atravesado por el conflicto y la guerra”, dijo Ana Cristina González Vélez, de 53 años, cofundadora de la organización. Y agregó: “Eso hizo que durante muchos años la preocupación por el fin del conflicto ocupara las agendas de los grupos de mujeres”.
Impulsar la legalización del aborto en el Congreso de Colombia parecía un callejón sin salida. Más de media decena de intentos habían fracasado cuando, para 2004, una abogada colombiana llamada Mónica Roa se acercó a la coalición y propuso una nueva táctica. Roa acababa de regresar de Estados Unidos, donde trabajaba para un grupo de defensoría jurídica llamado Centro de Derechos Reproductivos. Acudiría a la Corte Constitucional del país —conocida por ser más liberal que el Congreso— y argumentaría que la ley que penalizaba el aborto violaba los derechos de las mujeres a la vida, la salud y la autonomía reproductiva.
En 2006, consiguió una importante victoria para el movimiento cuando el tribunal dictaminó que el país debía permitir el aborto cuando la salud de la mujer estuviera en peligro, cuando el feto tuviera problemas graves de salud o cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación.
En otros países latinoamericanos se habían tomado decisiones legales similares, pero las políticas y la opinión pública eran tan fuertes contra del procedimiento que, en la práctica, pocas mujeres podían obtener abortos legales. Sin embargo, tras el fallo de 2006, las activistas colombianas comenzaron a enseñar a las mujeres de otros países a utilizar las excepciones permitidas por la ley. “Nosotras aprendimos de Colombia”, dijo Giselle Carino, activista argentina del grupo Fòs Feminista.
Alrededor de 2016, las mujeres idearon una nueva estrategia, destinada a cambiar tanto el panorama jurídico como la opinión pública, con un fuerte componente de concientización pública. Pero en Colombia, los fiscales seguían investigando a cientos de mujeres al año por abortar, mientras muchas seguían muriendo por procedimientos ilícitos. Mientras las colombianas trabajaban, las feministas argentinas iniciaron una campaña para impulsar la legalización en el Congreso. Su esfuerzo incluyó a cientos de miles de mujeres que marcharon por las calles, unidas por un símbolo que podía identificarse con facilidad: una pañoleta verde.
El uso de las pañoletas se inspiró en una generación previa de mujeres activistas, llamadas las Madres de Plaza de Mayo, que portaban pañuelos blancos para protestar por el secuestro y asesinato de sus hijos por parte de la dictadura argentina. “Parte de nuestra estrategia fue: ‘¿cómo cambiamos el término de la conversación en el país, cómo ponemos este tema en la agenda pública?’”, dijo Martínez Coral, una de las activistas colombianas. “Y esto es lo que aprendimos de las argentinas”.
A finales de 2019, el Congreso argentino legalizó el aborto y, dos meses después, justo cuando la pandemia iniciaba, nació la coalición Causa Justa en Colombia. En esta ocasión, tenían campañas en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook y organizaron marchas por todo el país. También contaban con una campaña de radio enfocada en áreas con conectividad limitada y una canción de reguetón que las mujeres cantaban en las calles.
Pidieron el apoyo de celebridades. De manera repentina, los funcionarios públicos se veían obligados a declarar su postura sobre el tema y las pañoletas verdes comenzaron a aparecer en cuellos, bicicletas y bolsas por todo Bogotá. Entonces, en septiembre de 2020, un grupo de abogadas de Causa Justa —que se inspiró en las lecciones jurídicas de Canadá— envió una petición a la Corte Constitucional, en la que argumentaba que en la práctica, la existencia de una ley que criminaliza el aborto viola el “derecho fundamental” de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo bajo las excepciones establecidas en 2006.
El lunes, 5 magistrados votaron a favor y 4, en contra, con lo que despenalizaron el aborto hasta las 24 semanas. Durante las últimas décadas, Oriéntame ha capacitado a miles de profesionales médicos en toda América Latina, muchos de quienes han replicado el modelo de la clínica en sus propios países. Villarreal murió en 2001. Casi todas las activistas entrevistadas dijeron que Roe contra Wade había sido determinante para ellas, llevándolas a creer que el sistema legal podía usarse para ayudar a que las mujeres tengan un mayor control sobre sus vidas. A muchas les cuesta entender por qué Estados Unidos parece estar moviéndose en la dirección opuesta. “Esto es una batalla que nunca se gana del todo”, aconsejó Villarreal a sus compañeras del norte. “Nunca se puede bajar la guardia”.