A contrapelo incluso de quienes jugaron el papel de actores y protagonistas en los azarosos días de enero de 1958 que precedieron a la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez, y que hablan de un derrumbe inesperado e imprevisto de su régimen, la verdad asentada sobre fuentes históricas nos revela que ese colapso final estuvo precedido de situaciones críticas que fueron minando la estabilidad del gobierno militar. La primera situación de ruptura del status quo que había generado la dictadura, se produce en julio de 1956, cuando el general Pérez Jiménez asiste a la conferencia de jefes de Estados de América, en Panamá; en el marco de esta reunión el mandatario venezolano pondrá sobre la mesa la propuesta de creación de un fondo para el desarrollo de la región con aportes proporcionales a sus presupuestos de cada uno de los países del continente. La proposición, que no había sido consultada previamente con el gobierno norteamericano, es repudiada por este que ya había creado el Banco Interamericano de desarrollo y que se negaba a realizar nuevos aportes, y se dedica a bloquear la iniciativa del gobierno de Caracas generándose un clima de distanciamientos y discordia que venía a romper con la política de subordinación y acatamiento de las directrices de Washington, que la dictadura venezolana había fomentado durante años.

La segunda situación más grave aún y cuyos signos se hacen notorios en el mismo año tiene que ver con una crisis fiscal generada por la baja de los ingresos petroleros incapaces de soportar una política incontrolada de expansión del gasto público. El régimen se niega a disminuir su política de inversiones por lo que comenzará a caer en retardo y moratoria en sus pagos con contratistas y proveedores, que a su vez se colocan en insolvencia con el sistema financiero nacional e internacional que descuenta sus efectos mercantiles, generándose una situación de malestar entre los sectores económicos hasta entonces entusiastas partidarios del régimen. Pérez Jiménez asume la típica actitud del militar arbitrario y obtuso, pues disponiendo de 2.500 millones en las reservas producto del otorgamiento reciente de nuevas concesiones petroleras, se niega reiteradamente a autorizar el pago de los acreedores, muchos de los cuales confrontan situaciones apremiantes.

La tercera crisis revienta el primero de mayo de 1957, cuando desde todos los púlpitos de las iglesias los sacerdotes leen una carta pastoral suscrita por monseñor Rafael Arias Blanco, arzobispo de Caracas, donde se denuncian las precarias condiciones de vida y los sufrimientos que padece la mayoría de los venezolanos, sometidos a condiciones de trabajo infrahumanas. El documento de la jerarquía católica cae como un balde de agua fría sobre los burócratas del régimen encabezados por el propio dictador, que hasta ese momento había mantenido buenas relaciones con la Iglesia. Su reacción brutal no se hace esperar iniciándose una política de represión, persecusion e intimidación, que pronto colocará a la Iglesia en franca confrontación con la dictadura.

La cuarta eventualidad que concurrirá al desplome del régimen siete meses después, será la constitución de la Junta Patriótica, que tiene su primera reunión entre dirigentes de URD y PCV el 11 de junio de 1957, y cuyo protagonismo en la movilización civil será fundamental. En esa primera reunión se acuerda incorporar a AD y COPEI a la iniciativa unitaria, por lo que solo semanas después la Junta Patriótica aparecerá a la vanguardia de todas las iniciativas de calle que se toman contra la dictadura.

También en julio de 1957 y con el secreto propio de la conspiración comienzan a realizarse reuniones de oficiales de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente jóvenes que plantean la necesidad de sustituir la dictadura y que reniegan de la represión y del robo descarado de los dineros públicos que caracterizan al régimen. Estas primeras reuniones irán tomando cuerpo en los cuarteles de Caracas y Maracay, y a las mismas se incorporarán oficiales de las 4 fuerzas que comienzan a organizar un pronunciamiento castrense que ponga fin a un régimen que desgobernaba en su nombre.

Estas cinco situaciones críticas tendrán un catalizador y un detonante cuando la dictadura pretenda prolongarse en el poder burlando su propia ilegalidad, al tratar de evadir el mandato de elecciones universales, directas y secretas que imperativamente exigía el artículo 104 constitucional, y convocar un fraudulento plebiscito contra el cual se pronunció la inmensa mayoría de los venezolanos. La huelga estudiantil de noviembre de 1957, el alzamiento militar del primero de enero de 1958, el combate cívico y la huelga general del 21 de enero, y el derrocamiento definitivo y la huida del tirano el 23, fueron el corolario de un proceso de descomposición, decadencia y colapso que se había fraguado meses atrás.